Nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia de Género

En noviembre pasado, el Gobernador Gustavo Bordet remitió a la Legislatura Provincial un proyecto de ley que propone un Nuevo Régimen de Protección, Prevención y Asistencia de la Violencia de Género. La Vicegobernadora Lic. Maria Laura Stratta, le había hecho entrega del anteproyecto días anteriores. Es una propuesta de abordaje integral de la violencia de género.

La Vicegobernadora Stratta destacó el compromiso asumido junto al Gobernador Gustavo Bordet en la materia y “la voluntad política de seguir expresando y escuchando la pluralidad de voces, pero también de seguir transitando un camino que nos encuentre dialogando y construyendo una provincia mejor”. Destacó la importancia del artículo 17º de la Constitución provincial. Al respecto sostuvo: “Ese artículo también nos interpela a que tengamos políticas de Estado que prevengan en forma continua todo tipo de violencia y que disponga acciones positivas para corregir cualquier desigualdad de género”. Asimismo indicó: “Este contexto nos interpela permanentemente a revisar nuestras prácticas, a mirar de qué manera funcionan los sistemas de protección. Así es que empezamos a pensar en este nuevo régimen de protección y erradicación de la violencia por razones de género”.

Sobre el  proceso de elaboración del proyecto y  recordando el femicidio de Fátima Acevedo, dijo “No sólo nos atravesó y nos golpeó sino que también nos interpeló a quienes tenemos responsabilidades institucionales a poder fortalecer el sistema de protección en la provincia de Entre Ríos”, dijo.
Se refirió también al compromiso asumido con el Gobernador Bordet de impulsar acciones como la reglamentación de la ley de violencia de género que teníamos en la provincia Entre Ríos, que era una adhesión a una ley nacional. “Cuando empezamos a trabajar en esta reglamentación, nos encontramos con que era mucho más importante poder tener una ley propia”, resaltó.

Un proyecto que surge de un importante proceso de revisión

Sobre la redacción del proyecto, los abogados Sigrid Kunath, Sofia Uranga y Gonzalo Garcia Garro, que forman parte del equipo de trabajo de la Vicegobernacion, destacaron los siguientes conceptos:

La convocatoria a trabajar en equipo esta temática que “nos desafía permanentemente”.

El espacio de la Red para la Igualdad que encabeza la Vicegobernadora  “que llegó para quedarse, con una agenda que se viene consolidando, resulta un ámbito multipartidario y multisectorial, pero también un lugar donde encontramos la posibilidad de que circule la palabra”.

Las normas legales que dieron marco al proyecto: La Convención para la  eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW); y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como convención de Belém do  Pará,  la Ley Nacional Nº 26.485 de Protección Integral para la Mujer y al artículo 17º de la Constitución provincial: “Es el otro fundamento donde basamos este trabajo, no sólo en el marco normativo, sino también asimilando conceptualmente qué es lo que trajo toda esta legislación”. (Entre otras).

Los principales ejes del Nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por Razones de Género. “El desafío de construir un proceso de manera colectiva -porque fuimos un grupo que trabajamos y que además hicimos consultas-, también tiene que ver con esta otra parte de llegar con un producto no terminado”, se trata de una propuesta con un recorrido amplio y horizontal. “Es un proyecto del Ejecutivo que viene a preguntar qué más hace falta, qué está mal y qué se puede mejorar, y desde ese lugar también charlar con los legisladores y legisladoras para llegar a la mejor ley posible, sabiendo que no hay magia, sino procesos que son reales y que afectan a las personas”, expresó la abogada.

“legislar sobre violencia de género es legislar sobre un abanico de relaciones humanas muy amplio”.

“Hay un sinnúmero de conductas humanas permanentes que constituyen violencia y esta ley pretende dar respuesta a eso y hacerlo con una mirada autóctona que recoja la experiencia, que recoja la práctica judicial pero también la práctica política e institucional de Entre Ríos”

Proyecto de ley presentado:

https://www.senadoer.gob.ar/galeria/proyectos/1609332720.pdf

NUEVO RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO

PARTE GENERAL

PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO 1º: OBJETO. PRINCIPIOS GENERALES. La presente ley tiene por objeto la protección integral de las mujeres en el territorio entrerriano y el abordaje integral para prevenir y erradicar la violencia por razones de género, entendiendo que la misma trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases.
Para su interpretación y aplicación deberán tenerse en cuenta los  siguientes principios:

La perspectiva de derechos humanos y las libertades fundamentales.
El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.
El respeto a la dignidad de las personas.
El principio de igualdad real de oportunidades.
El principio pro persona.
El acceso a la justicia.
La protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La protección integral de los derechos de las adultas mayores.
La protección del derecho a la salud mental.
La protección integral de las mujeres con discapacidad.
La protección integral de los derechos del colectivo LGTBQ+.

El principio de no revictimización de la mujer. Será un criterio inviolable para el seguimiento del proceso el evitar la superposición o reiteración de informes innecesarios que revictimicen a la mujer.

Para su aplicación deberá tenerse en cuenta:

Las particularidades de la distribución poblacional en el territorio.

Los distintos ámbitos en los que las mujeres desempeñan sus relaciones interpersonales, atendiendo a la urbanidad y a las características de cada centro poblacional promoviendo la conformación de mesas locales de articulación.

Perspectiva sobre la ruralidad, estableciendo los dispositivos necesarios para la protección de la mujer rural y la especificidad en el abordaje.

Promoviendo el trabajo articulado según la composición de cada comunidad, para optimizar y promover los recursos disponibles y facilitar el acceso a justicia. Creando espacios institucionales comunitarios de articulación e intercambio.

Perspectiva sobre la mujer isleña y la mujer costera, estableciendo los dispositivos necesarios para su protección y la especificidad en el abordaje.

La protección de mujeres migrantes y de las mujeres originarias, atendiendo a las particularidades.

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I

DE LA ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 26.485

ARTÍCULO 2º: Modifícase el artículo 1º de la ley Nº 10.058 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1º: Adhiérase la Provincia de Entre Ríos a la Ley Nacional Nº 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que se desarrollan sus relaciones interpersonales. Con excepción del Capítulo II del Título III – Procedimientos.”

TÍTULO II

TUTELA DE PROTECCIÓN POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
POR RAZONES DE GÉNERO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 3º: El presente título tiene por objeto establecer los principios, garantías y procedimientos de actuación judicial para la aplicación de la ley nacional N° 26.485 en el ámbito de la provincia de Entre Ríos en los términos de la adhesión dispuesta en la presente, para asegurar a las víctimas de violencia basada en razones de género, una protección
integral, para garantizar a la mujer la plena vigencia de sus derechos.

ARTÍCULO 4º: Las disposiciones de esta ley se aplican en los supuestos de violencia hacia las mujeres por cuestiones de género establecidos en el artículo 4º de la ley nacional Nº 26.485, para los tipos previstos en el artículo 5º de dicha norma, y en las modalidades de violencia institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, en el espacio público y pública-política contra las mujeres, establecidos en el artículo 6º, incisos b), c), d), e), f), g) y h) de la misma ley.

ARTÍCULO 5º: Ante los supuestos de violencia hacia las mujeres por cuestiones de género en la modalidad doméstica, previstos en el inciso a) del artículo 6º de la ley nacional N° 26.485, son de aplicación las disposiciones del Capítulo XI y concordantes de la ley Nº 10.668.
Serán de aplicación supletoria a los casos de violencia hacia las mujeres por cuestiones de género en la modalidad doméstica las disposiciones de la presente Ley.

CAPÍTULO II
GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA. PRINCIPIOS. AMICUS CURIAE.

ARTÍCULO 6º: La garantía de acceso a la Justicia, conforme lo dispuesto por ley nacional Nº 26.485, incluye el derecho de toda mujer a:
a) La gratuidad de todas las actuaciones judiciales;
b) La defensa y patrocinio letrado gratuito;
c) Recibir un trato humanizado, acorde con su condición de afectada, y no ser revictimizada;
d) Ser oída personalmente por el juez o la jueza y que su opinión sea tenida en cuenta al momento de tomar decisiones que la afecten, garantizándole el derecho a participar activamente en el proceso, pudiendo acceder a toda la información que la involucre.
e) La reserva de las actuaciones, la intimidad de las víctimas e identidad del denunciante y la confidencialidad de los datos en términos generales;
f) Recibir protección judicial urgente y preventiva;
g) Obtener una respuesta oportuna y efectiva, en el marco de un juicio sumarísimo;
h) La amplitud probatoria y el deber de la magistratura de valorar la prueba del proceso con perspectiva de género;
i) Oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera del estricto marco del proceso. En caso de consentirlas, en los peritajes como los efectuados por la policía tiene derecho a ser acompañada por alguien de su confianza y a que sean realizados por personal profesional con especialización en perspectiva de género.

ARTÍCULO 7º: El Estado, por intermedio del Poder Judicial, garantizará la defensa, representación y patrocinio sin costo alguno para la víctima, a través de la asesoría letrada.

ARTÍCULO 8º: Déjase sin efecto toda disposición legal o reglamentaria que impida que las víctimas comprendidas en las disposiciones de la presente ley gocen del beneficio de gratuidad en la defensa, representación y patrocinio, con fundamento en cuestiones vinculadas a su condición o situación socioeconómica.

ARTÍCULO 9º: Todos los actos procesales dispuestos en esta ley cuentan con habilitación de días y horas inhábiles.

ARTÍCULO 10º: En cualquier instancia del proceso, la Jueza o el Juez podrá solicitar o aceptar en carácter de amicus curiae la colaboración de organizaciones no gubernamentales, entidades públicas o privadas que aborden la temática de la protección de los derechos de las mujeres.

ARTÍCULO 11º: Las resoluciones judiciales deben redactarse de manera sencilla, y accesible, sin perjuicio de su rigor técnico. Los actos procesales deben utilizar términos y estructuras gramáticas simples y comprensibles, en consideración a las partes. Los tribunales deben facilitar los medios para superar los impedimentos de comprensión y contar con servicios de traductor e intérprete para los procesos que, según los actores, así lo ameriten.

CAPÍTULO III
COMPETENCIA. ACTUACIÓN COORDINADA CON LA JUSTICIA PENAL

ARTÍCULO 12º: Entenderá en la causa el Juez o la Jueza que resulte competente en razón de la materia según las modalidades/ámbitos de violencia contra las mujeres por razones de género, conforme lo establece la presente Ley.

En los casos de violencia contra la mujer por motivos de género en el ámbito doméstico serán competentes los Jueces o Juezas de Familia conforme la Ley Nº 10.668 y será aplicable el procedimiento establecido en esa norma.

ARTÍCULO 13º: Aún en caso de incompetencia la Magistratura podrá disponer las medidas de tutela anticipada que estime pertinentes.

El desplazamiento de las actuaciones de un fuero a otro, según el ámbito o modalidad de violencia, sólo se podrá hacer fundadamente por parte del Juez o Jueza que hubiere prevenido, luego de evaluar y disponer las medidas establecidas en la presente ley.

No pueden suscitarse cuestiones de competencia por razones de turno, resultando siempre competente el Juez o Jueza que hubiere actuado en primer término y queda prohibida la recusación sin causa de jueces y juezas intervinientes.

ARTÍCULO 14º: La actuación de los organismos judiciales intervinientes en temas relacionados con violencia contra la mujer en las modalidades previstas en la presente ley que importen delitos será en el ámbito de sus respectivas competencias, pero en forma coordinada con la Justicia Penal, para lograr en lo concerniente a las víctimas, su máxima
protección y restitución de derechos como la rápida y efectiva sanción para los victimarios.

En todos los casos, cuando el Juez o Jueza advierta que los hechos de violencia denunciados constituyen un delito penal, debe dar inmediata intervención al Agente Fiscal en turno para el impulso de la acción penal. Si la denuncia fuera efectuada en el ámbito penal y se adoptaran medidas de seguridad, el Juez o Jueza de Garantías comunicará los pormenores del caso al Juez o Jueza competente en el plazo de veinticuatro (24) horas, impulsando su actuación protectoria.

Todo incumplimiento del obligado u obligada por las medidas de protección dictadas por el Juez o Jueza, será comunicado en forma inmediata para su verificación al Agente Fiscal para la investigación del delito de desobediencia a la autoridad, previsto en el Código Penal.

CAPÍTULO IV
DE LA DENUNCIA. REQUISITOS. LEGITIMACIÓN ACTIVA.

ARTÍCULO 15º: Toda víctima de violencia por razones de género podrá denunciar la situación sin requerir patrocinio letrado, pero este será necesario para la sustanciación del proceso.
La presentación de la denuncia por violencia contra las mujeres en las modalidades previstas por la presente ley podrá efectuarse ante cualquier Juez o Jueza de cualquier fuero e instancia, ante el Ministerio Público Fiscal, la Oficina de Violencia de Género del Poder Judicial o la Policía.

ARTÍCULO 16º: Las denuncias recibidas deben ponerse en conocimiento del Juez o Jueza competente en turno, dentro de las veinticuatro (24) horas, sin perjuicio de la obligación de extremar la diligencia en los casos que evidencien alto riesgo.

En los supuestos de denuncias efectuadas en dependencias policiales, siempre se tomarán las mismas, aunque el denunciante sea una tercera persona, correspondiendo a las autoridades judiciales la citación de la víctima a los efectos de la ratificación y la decisión de proseguir o no la causa conforme a lo previsto en la presente ley. Las denuncias realizadas ante la Policía serán recibidas en un espacio que garantice resguardo, confidencialidad y tranquilidad a la víctima.

En el supuesto de que se solicitara la intervención a la fuerza policial sin que se formalizara denuncia, el personal interviniente deberá comunicar las actuaciones a la autoridad correspondiente (Fiscalía y/o Juzgado competente). Dicha comunicación deberá efectuarse, de ser necesario, por el medio tecnológico que resulte más eficaz.

ARTÍCULO 17º: La denuncia podrá ser realizada en forma verbal, escrita, por vía de correo electrónico, por vía virtual a través de las plataformas institucionales oficiales y/o en lenguajes alternativos que permitan la comunicación de personas con discapacidad.

Los formularios modelo de denuncia de violencia contra la mujer serán oficializados por los poderes Ejecutivo y Judicial de manera conjunta.

ARTÍCULO 18º: Las denuncias de violencia por razones de género en el marco de la presente ley podrán ser efectuadas:
a) Por la mujer afectada o su representante legal sin restricción alguna;
b) La niña o la adolescente directamente o mediante representantes legales conforme al régimen de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
c) Cualquier integrante del grupo cercano socialmente a la víctima, o integrante del ámbito laboral, recreativo, cultural o comunidad en general de la que la víctima forma parte, incluso en forma anónima;
d) En los supuestos de violencia sexual, la mujer víctima es la única legitimada para hacer la denuncia. Cuando la misma fuere efectuada por una tercera persona, se citará a la mujer para que la ratifique o rectifique en veinticuatro (24) horas. La autoridad judicial competente tomará los recaudos necesarios para evitar que la denuncia encuentre estado público;
e) Cualquier persona, cuando la víctima tenga discapacidad o por su condición física o psíquica no pudiese formularla por sus propios medios;
f) Los tutores, curadores y apoyos;
g) Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, policiales, sociales, educativos, de justicia y de salud y, en general, quienes desde el ámbito público o privado, con motivo o en ocasión de sus funciones, tomen conocimiento de un hecho de violencia contra una mujer en los términos de la presente Ley, o sospechen fundadamente de su existencia, están obligados a formular de manera inmediata las denuncias que correspondan, aún en aquellos casos en que el hecho no configure delito penal.
h) Las asociaciones civiles reconocidas en legal forma por las autoridades, que tengan como objeto la defensa de los derechos de la mujer y/o las acciones para erradicar la violencia de género.

ARTÍCULO 19º: Cuando la denuncia la realice una tercera persona, el Juez o la Jueza podrá ordenar la reserva de identidad de quien denuncie en los supuestos que lo amerite.
La reserva de identidad de las partes se mantendrá durante el proceso, reservándose la denuncia en caja fuerte del organismo judicial cuando fuere efectuada por otras personas no víctimas y/o la gravedad de los hechos así lo justificare.

De ser necesario para preservar la identidad de la víctima, se utilizará un sistema que combine el apellido completo, las iniciales del/los nombres y el número de DNI.

Durante el proceso no se recibirá declaración a quienes gocen de reserva de identidad si no es indispensable. En esos casos, se extremarán los cuidados para resguardar a la persona.

ARTÍCULO 20º: Si la denuncia no la realizara la víctima, la Judicatura convocará a la supuesta víctima para que comparezca dentro de las veinticuatro (24) horas a efectos de corroborar los hechos narrados en la denuncia. Si la persona no compareciere, negase la existencia de los hechos, o fuera menor de edad o con capacidad restringida, pero la
denuncia contase con verosimilitud, el Juez o la Jueza podrá disponer el dictado de oficio de medidas de protección y dar trámite a la denuncia.

CAPÍTULO V
DE LAS MEDIDAS DE TUTELA ANTICIPADA.

ARTÍCULO 21º: En todos los procedimientos el Juez o la Jueza debe pronunciarse, de oficio o a instancia de parte interesada, y por resolución fundada, sobre la adopción de medidas de tutela anticipada, determinando plazo y régimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias.

ARTÍCULO 22º: Dentro de las veinticuatro (24) horas de recibida la denuncia, si los hechos expuestos resultasen verosímiles y comprendidos por la finalidad de este capítulo, el Juez o la Jueza promoverá la tutela de protección.

Previo a proveer las medidas deberá cargar el proceso en el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia de la Oficina de Violencia de Género del Poder Judicial, consultar sobre la existencia de antecedentes y medidas vigentes, e imprimir la foja de antecedentes para su agregación al expediente.

A fin de corroborar la probabilidad fáctica como la entidad de los hechos y la gravedad, en el lapso temporal aludido, la Magistratura cuenta con amplias facultades probatorias.
ARTÍCULO 23º: Inmediatamente después de recibida la denuncia, el Juez o la Jueza debe requerir un informe efectuado por el equipo técnico interdisciplinario judicial para determinar los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer, la situación de peligro e indicadores de riesgo y el medio social de la mujer afectada por la violencia y del presunto agresor.

El informe debe ser remitido en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que la magistratura pueda aplicar una o alguna de las medidas de la presente ley, o interrumpir o hacer cesar la/s ya dispuesta/s. Este informe deberá centrarse en la vulnerabilidad de la víctima, el riesgo que afronta y las características del denunciado.

No será requerido dicho informe cuando el Juez o la Jueza no lo considere necesario por haber acompañado la víctima un diagnóstico claro de los hechos denunciados que fuera efectuado por profesionales o equipos interdisciplinarios de instituciones públicas o privadas especializadas en la temática de violencia contra las mujeres.

La inexistencia de un informe previo de equipo técnico, no impedirá la adopción de medidas por parte de la magistratura cuando las condiciones lo requieran.

Asimismo, las partes podrán proponer otros informes técnicos, los cuales podrán ser emitidos por profesionales y / u organizaciones de la sociedad civil con experiencia probada en la temática.

ARTÍCULO 24º: Medidas de Tutela Anticipada. La Judicatura, conforme a la evaluación del riesgo y según la urgencia, podrá ordenar de oficio o a pedido de partes, una o más de las siguientes medidas preventivas:

1) Ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de la mujer que padece violencia;
2) Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer;
3) Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante, si ésta se ha visto privada de los mismos, con acompañamiento de la fuerza pública de considerarla necesaria;
4) Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas y ordenar el secuestro de las que estuvieren en su posesión.
5) Proveer las medidas conducentes a brindar a quien padece violencia, cuando así lo requieran, asistencia médica o psicológica, a través de los organismos públicos de Salud y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres;
6) Ordenar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la víctima en su domicilio y en todos los ámbitos donde se desarrolle.
7) Prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en el domicilio o residencia, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente también la víctima;
8) Prohibir al denunciado comunicarse por cualquier medio -incluso el informático cibernético-, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima, demás personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho;
9) Disponer, por razones de seguridad, el inmediato alojamiento de la víctima en los hogares de protección temporal. Podrá hacerlo también en establecimientos hoteleros o similares. También podrá autorizarse el alojamiento temporario en residencias de familiares o allegados de la víctima que voluntariamente acepten lo dispuesto.
10) Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes a la pareja.
11) Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común, independientemente de la titularidad de la misma y/o sea el titular del contrato de locación, haciéndole saber en ese acto que deberá denunciar nuevo domicilio en el término de veinticuatro (24) horas. El Juez o la Jueza podrá ordenar que, ante el supuesto de una vivienda alquilada, el presunto agresor excluido continúe abonando el alquiler de la misma durante a la vigencia de las medidas;
12) Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado con motivo de los hechos denunciados, previa exclusión de la vivienda del presunto agresor;
13) En caso de que se trate de una pareja con hijos/as, se fijará una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes obrantes en la causa y según las normas que rigen en la materia;
14) Disponer que las asignaciones familiares y apoyo escolar sean percibidas por parte de la víctima a cargo del cuidado personal;
15) Disponer los sistemas de apoyo necesarios, cuando de manera excepcional, la víctima requiera por su situación acompañamiento para
el ejercicio de sus derechos;
16) Ordenar la suspensión provisoria del derecho y deber decomunicación;
17) Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los/as hijos/as;
18) Disponer el inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de los bienes propios de quien ejerce y padece violencia. En los casos de las parejas convivientes se dispondrá el inventario de los bienes de cada uno;
19) Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece violencia, por el período que estime conveniente, del mobiliario de la casa;
20) Proveer a la víctima del sistema de alerta y localización inmediata y cualquier otro dispositivo electrónico que asegure su seguridad, con el fin de que autoridades y fuerzas de seguridad otorguen una herramienta eficaz en situaciones de emergencia que puedan suscitarse. Ante casos de alto riesgo, la magistratura podrá disponer de afectar personal policial al cuidado de la víctima en su lugar de residencia;
21) Informar a la Administración Pública, provincial y municipal, a los efectos de que disponga las medidas administrativas que pudieran corresponder a fin de identificar y sancionar a los responsables de la violencia hacia la mujer;
22) Disponer la asistencia obligatoria del presunto agresor a cursos y espacios de sensibilización sobre los derechos de las mujeres al igual que capacitación sobre nuevas masculinidades.
ARTÍCULO 25º: La Magistratura podrá disponer cualquier otra medida que corresponda para asegurar el cuidado y protección de la persona víctima según la situación de violencia denunciada. Siempre se indicará los medios para lograr su efectividad, el personal que las llevarán a cabo, las facultades suficientes y las específicas instrucciones para su concreción.

Una vez dictadas las medidas, deberán librarse los despachos pertinentes a los fines de comunicarlas a los distintos ámbitos donde las personas protegidas desarrollen sus relaciones interpersonales. Asimismo, se deberá comunicar dichas medidas a las personas empleadoras de las partes involucradas u otras instituciones que frecuenten.

Todas las medidas podrán ser dispuestas en cualquier etapa del proceso.

CAPÍTULO VI
DE LA CITACIÓN A AUDIENCIA A LAS PARTES. DEL SEGUIMIENTO.

ARTÍCULO 26º: Luego de tomar conocimiento y dar curso a la denuncia y/o de disponer las primeras medidas protectorias si así lo consideró, la autoridad judicial competente fijará una audiencia escuchando a las partes por separado, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas.

En caso de incomparecencia de la víctima de violencia a la audiencia prevista en el artículo, deberá fijarse una nueva en un plazo que no puede exceder las setenta y dos (72) horas. Si fuere el denunciado quien no concurriere se lo hará comparecer con el auxilio de la fuerza pública a audiencia fijada en igual plazo.

Realizadas las audiencias, y en el supuesto que ya estén adoptadas medidas protectorias, podrá la autoridad judicial disponer otras medidas
que estime pertinentes.

Se establecerá asimismo en qué forma se llevará a cabo el seguimiento y el control del cumplimiento de las decisiones.

En todos los trámites relacionados con los casos de violencia de la presente ley está prohibida la mediación o conciliación.

ARTÍCULO 27º: A efectos de hacer el seguimiento y la evaluación de las medidas dictadas y durante su plazo de vigencia, el Juez o la Jueza deberá requerir un informe efectuado por el equipo interdisciplinario del Poder Judicial, para evaluar el funcionamiento de las medidas implementadas.

Dicho informe será remitido en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, a efectos de que pueda evaluar y aplicar otras medidas, interrumpir o hacer cesar alguna de las dictadas.

El Juez o la Jueza también podrá considerar los informes que elaboren los equipos interdisciplinarios de la administración pública provincial y/o municipal, sobre los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro.

En el proceso se podrá considerar los informes de profesionales de organizaciones de la sociedad civil idóneas en el tratamiento de la violencia contra las mujeres.

ARTÍCULO 28º: Durante el trámite de la causa, y por el tiempo que se juzgue adecuado, el Juez o la Jueza deberá controlar la eficacia de las medidas adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al tribunal y/o mediante la intervención del equipo interdisciplinario en los términos del artículo anterior, quienes elaborarán informes periódicos
acerca de la situación a su solicitud.

ARTÍCULO 29: A efectos de implementar las mejores medidas para el caso, durante el desarrollo del proceso, el Juez o la Jueza deberá mantener contacto personal, en audiencia o en instancia acorde en los términos de la presente ley, tanto con la mujer víctima como con el o los presuntos agresores.

ARTÍCULO 30º: Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan, modifiquen, prorroguen o dispongan el cese de algunas de las medidas preventivas urgentes serán apelables dentro del plazo de tres (03) días hábiles. En todos los casos, será deber de la Magistratura notificar a la mujer víctima, estas resoluciones.

La apelación contra resoluciones que concedan medidas preventivas urgentes se concederá en relación y con efecto devolutivo. La apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el cese de las mismas se concederá en relación y con efecto suspensivo.

CAPÍTULO VII
DE LA SANCIÓN ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS

ARTÍCULO 31º: Ante el incumplimiento de las medidas ordenadas, la magistratura podrá evaluar la conveniencia de modificar las mismas, pudiendo ampliarlas, suprimir unas u ordenar otras.
Ante el incumplimiento de las medidas por parte del presunto agresor, y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, la magistratura deberá aplicar alguna/s de las siguientes sanciones:
1) Advertencia o llamado de atención por el acto cometido;
2) Comunicación de los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato, asociación profesional o lugar de trabajo del agresor;
3) Asistencia obligatoria del presunto agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas
violentas.
4) Multa de tres (3) hasta veinticinco (25) salarios mínimos, vitales y móviles, cuyo importe será destinado al organismo pertinente del Poder Ejecutivo para solventar programas de prevención y erradicación de la violencia de género.
5) Cumplir con trabajos comunitarios, cuya duración razonable debe determinar la autoridad judicial de conformidad con las constancias de la causa y la gravedad de la situación planteada.
6) Multas pecuniaria a favor de la víctima cuyo monto establecerá la autoridad judicial según la gravedad del caso y la situación patrimonial de la persona denunciada, que será entre 5 y 50 jus.
7) Aplicación de astreintes.

ARTÍCULO 32º: Las medidas precedentemente enunciadas no obstan a la aplicación de otras sanciones que pueda disponer la autoridad u órgano competente. En caso de no dar cumplimiento a las medidas judiciales impuestas, se dará inmediatamente cuenta al Juez o Jueza, quien podrá requerir el auxilio de la fuerza pública para asegurar su cumplimiento.

ARTÍCULO 33º: Las resoluciones que impongan sanciones serán apelables dentro del plazo de tres (03) días hábiles.
ARTÍCULO 34º: Cuando el incumplimiento de las medidas configure desobediencia u otro delito, el Juez o la Jueza deberá poner el hecho en conocimiento al Ministerio Público Fiscal.

CAPÍTULO VIII
DE LA COMPETENCIA Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE ACUERDO AL
ÁMBITO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER POR RAZONES DE GÉNERO

ARTÍCULO 35º: En relación a la violencia de género en el ámbito institucional:

1. Competencia. Serán competentes:
a) Los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial;
b) Ante la ausencia del organismo del inciso a) en la jurisdicción, serán competentes los Juzgados con competencia múltiple a cargo de la materia civil y comercial;
c) Ante la ausencia de los organismos de los incisos a) y b) en la jurisdicción , serán competentes los juzgados de Paz.

2. Medidas. El Juez o la Jueza podrá hacer cesar la medida institucional que directa o indirectamente promueva, reproduzca o genere la  violencia hacia las mujeres.

3. Normas de aplicación subsidiaria. En los supuestos de que la violencia por razones de género en el ámbito institucional tenga lugar en

Hospitales, clínicas o centros de salud, sean públicos o privados, serán de aplicación al proceso en forma subsidiaria las disposiciones de ley nacional de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud Nº 26.529 y la ley nacional de Sida Nº 23.798.

ARTÍCULO 36º: En relación a la violencia de género en el ámbito laboral:

1. Competencia. Serán competentes:
a) Los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo;
b) Ante la ausencia organismo del inciso a) en la jurisdicción, serán competentes los Juzgados con competencia múltiple a cargo de la materia laboral;
c) Ante la ausencia de los organismos de los incisos a) y b) en la jurisdicción , serán competentes los juzgados de Paz.

2. Legitimación activa. También pueden efectuar la denuncia:
a) Los sindicatos y organizaciones gremiales respecto a las trabajadoras que correspondan a su actividad, profesión, oficio o industria, que fueren víctimas de violencia laboral.

3. Procedimiento. La Magistratura fijará una audiencia especial en la que se citará al empleador, en el caso de que no sea el presunto agresor y sin carácter de parte, para ponerlo en conocimiento de las medidas adoptadas y en procura de su cumplimiento efectivo. El empleador podrá concurrir, presentar o proponer una propuesta de implementación de medidas alternativas que resulten de posible y efectiva aplicación y cumplimiento según su criterio y teniendo en cuenta la naturaleza y disponibilidad laboral.

4. Medidas. El Juez o la Jueza podrá hacer cesar la medida laboral que directa o indirectamente promueva, reproduzca o genere la violencia hacia las mujeres. En caso de trabajar en el mismo espacio víctima y denunciado, se deberá evaluar prioritariamente el traslado del victimario en caso de que así la dinámica laboral lo permita. Siempre se priorizará el interés y la situación de la trabajadora ante las medidas que se tomen.

5. Normas de aplicación subsidiaria. Serían de aplicación al proceso en forma subsidiaria las disposiciones de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que abordan la violencia laboral y la violencia de género en el ámbito laboral en particular.

ARTÍCULO 37º: En relación a la violencia de género en la libertad reproductiva y la violencia obstétrica:

1. Competencia. Serán competentes:
a)Los Juzgados Civil y Comercial.
b) Ante la ausencia organismo del inciso a) en la jurisdicción, serán competentes los Juzgados con competencia múltiple a cargo de la materia civil;
c) Ante la ausencia de los organismos de los incisos a) y b) en la jurisdicción, serán competentes los Juzgados de Paz.

2. Medidas. El Juez o la Jueza sólo podrá garantizar el ejercicio de objeción de conciencia cuando no provoque un supuesto de violencia obstétrica o contra la libertad reproductiva de las mujeres.

3. Normas de aplicación subsidiaria. Serían de aplicación al proceso en forma subsidiaria las disposiciones de ley nacional de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud Nº 26.529 y la ley nacional de Sida Nº 23.798.

ARTÍCULO 38º: En relación a la violencia de género mediática:

1. Competencia. Serán competentes:

a) Los Juzgados de Garantías;

b) Ante la ausencia organismo del inciso a) en la jurisdicción, serán competentes los Juzgados con competencia múltiple a cargo de la materia penal;
c) Ante la ausencia de los organismos de los incisos a) y b) en la jurisdicción, serán competentes los Juzgados de Paz.

2. Procedimiento. El Juez o la Jueza fijará una audiencia especial en la que se citará al titular, dueño o editor del medio de comunicación en que se publicó la nota, comentario o expresión objeto de la denuncia, en el caso de que no sea el presunto agresor y sin carácter de parte, para ponerlo en conocimiento de las medidas adoptadas y en procura de su
cumplimiento efectivo, resaltando siempre la responsabilidad del medio en la situación de violencia. El citado podrá concurrir, presentar o proponer una propuesta de implementación de medidas alternativas que resulten de posible y efectiva aplicación y cumplimiento.

3. Medidas. Ante el supuesto de una publicación en medios digitales, redes sociales o mecanismos de difusión masiva, que en forma manifiesta constituya violencia mediática contra las mujeres, el Juez o Jueza luego de oído el requerido podrá ordenar la eliminación u ocultamiento inmediato de dicha publicación.

4. Normas de aplicación subsidiaria. Será de aplicación al proceso en forma subsidiaria las disposiciones de la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley N° 26.522).

ARTÍCULO 39º: En relación a la violencia de género en el ámbito en el espacio público:

1. Competencia. Serán competentes:

a) Los Juzgados de Garantías;
b) Ante la ausencia organismo del inciso a) en la jurisdicción, serán competentes los Juzgados con competencia múltiple a cargo de la materia penal;
c) Ante la ausencia de los organismos de los incisos a) y b) en la jurisdicción, serán competentes los Juzgados de Paz.

ARTÍCULO 40º: En relación a la violencia de género en el ámbito públicopolítico:

1. Competencia. Serán competentes:

a) Los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial;
b) Ante la ausencia organismo del inciso a) en la jurisdicción, serán competentes los Juzgados con competencia múltiple a cargo de la materia civil;
c) Ante la ausencia de los organismos de los incisos a) y b) en la jurisdicción, serán competentes los Juzgados de Paz.

TÍTULO III
DE LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y EL ROL ACTIVO DE LA
MAGISTRATURA

ARTÍCULO 41º: Será obligación del Estado la incorporación progresiva de tecnología en el control y aseguramiento del cumplimiento de las medidas dispuestas en los procesos de violencia de género. Se fomentará la utilización de sistema de control electrónico como dispositivos duales o tobilleras, o las tecnologías que se incorporen o las reemplacen. Se
deberá promover la aplicación de las herramientas de la tecnología disponibles, de acuerdo a cada situación y en cada etapa del proceso, para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

ARTÍCULO 42º: El Juez o la Jueza deberá tener un rol activo en el proceso, llevando adelante el seguimiento y control de las medidas dispuestas, a la vez que puede sugerir e imponer medidas o sanciones, aunque las partes no las soliciten.

Durante el desarrollo del proceso el Juez o la Jueza deberá tener contacto personal con las víctimas y los presuntos agresores, facilitando siempre el acceso a la justicia. Se deberá contemplar, en todas las etapas del proceso, la economía procesal. Se deberá considerar la proporcionalidad del riesgo, en cada etapa y de acuerdo a ese criterio, se dispondrán las medidas pertinentes, su seguimiento y plazos.

La Magistratura tiene amplias facultades para disponer medidas e instar soluciones, en los marcos de la presente ley sus principios generales.

A los efectos de conservar y asegurar la prueba, y para no revictimizar a la mujer, en todas las audiencias judiciales a las que concurra como la primera denuncia que realice, será obligación del tribunal efectuar la video grabación.

TÍTULO IV
DE LA APLICACIÓN PARA SUPUESTOS DE VIOLENCIA POR RAZONES DE
GÉNERO CONTRA EL COLECTIVO LGBTIQ+.

ARTÍCULO 43º: Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a los casos de violencia ejercida contra lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales, Queer, e integrantes del colectivo LGBTIQ+, en la medida de que cualquier acción, conducta u omisión, inclusive las amenazas, que basadas en su género, identidad de género o su orientación sexual,
constituyan supuestos de violencia en los términos del artículo 4º de la ley nacional N° 26.485 y en las modalidades y ámbitos previstos en la presente ley.

ARTÍCULO 44º: A los efectos interpretativos y complementarios del presente título serán de aplicación subsidiaria la ley nacional de Actos Discriminatorios Nº 23.592 y la ley nacional de Identidad de Género N° 26.743.

TÍTULO V
SOBRE EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL

ARTÍCULO 45º: Si en el proceso por violencia de género existieran hechos que justifiquen la intervención de la Magistratura para asegurar el derecho a la salud mental, se deberá dar intervención a un equipo especializado en la materia, para escuchar su opinión técnica. Al momento de dictar medidas, también se deberá tener en cuenta el contexto socio cultural y económico de la víctima y del agresor.

ARTÍCULO 46º: El Juez o la Jueza deberá dar intervención a un equipo especializado en la materia, a los efectos de escuchar su opinión técnica para el momento de disponer medidas judiciales en procesos establecidos en la presente ley cuando en ellos existan supuestos de consumos problemáticos, tanto en la víctima como el agresor.

ARTÍCULO 47º: Serán de aplicación subsidiaria al presente título las disposiciones de la ley nacional de Salud Mental Nº 26.657 y el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos ley nacional N° 26.934 y las leyes provinciales N° 10.445 y Nº 8.806.

TÍTULO VI
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCAPACIDAD

ARTÍCULO 48º: En los supuestos en que en el proceso por violencia por razones de género la víctima sea una mujer con discapacidad, el Juez o la Jueza deberá extremar los recaudos, entendiendo que se está ante un caso de riesgo mayor.

A los efectos de tomar conocimiento de la situación, la magistratura no debe limitarse a la opinión del representante legal, tutor o curador de la mujer con discapacidad, sino que puede recabar información testimonial de familiares, vecinos y personas cercanas a la víctima, al igual que de informes de instituciones públicas y/o privadas, al igual que todo tipo de pruebas necesarias, teniendo amplias facultades para ello.

ARTÍCULO 49º: La Magistratura deberá dar intervención a un equipo especializado en la materia, a los efectos de escuchar su opinión técnica para el momento de disponer medidas judiciales. El Juez o la Jueza deberá tener en cuenta la especificidad de discapacidad que tiene la mujer víctima.

ARTÍCULO 50º: A los fines de la aplicación de este título, se deberán detectar las barreras existentes para el acceso a justicia y elaborar criterios y acciones para su superación por parte de todos los organismos intervinientes.

ARTÍCULO 51º: A los efectos interpretativos y complementarios del presente título será de aplicación subsidiaria la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (y su protocolo facultativo) de las Naciones Unidas, ratificada por la ley nacional N° 26.378.

TÍTULO VII
SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TERRITORIO PROVINCIAL
MUNICIPIOS, JUNTAS DE GOBIERNO Y COMUNAS

ARTÍCULO 52º: Se deberá promover la creación de consejos locales en los municipios de la provincia, como órganos consultivos y de articulación, con representación de los tres poderes del estado.

ARTÍCULO 53º: En las localidades en donde no existan organismos judiciales, como una junta de gobierno o una comuna, tendrán un rol preponderante en la recepción y tramitación de la denuncia de violencia de género, las dependencias de la Policía.

Los funcionarios, directores, docentes y personal de las Escuelas y dependencias del Consejo General de Educación también tendrán un rol relevante en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia.

ARTÍCULO 54º: El gobierno provincial implementará un sistema de capacitación especial entre la Junta de Gobierno o Comuna, la Policía, el Consejo General de Educación y la Secretaría de Géneros, Mujeres y Diversidad de Entre Ríos, o los organismos que los suplanten, a los efectos de capacitar a los actores institucionales referidos en el artículo anterior en la temática de violencia de género, los procesos de la presente ley, la normativa general aplicable a los casos de violencia de género.

Será otro objetivo el de la creación de espacios institucionales y comunitarios específicos de asesoramiento, sensibilización y capacitación sobre los derechos de la mujer, violencia por razones de género y Educación Sexual Integral.

ARTÍCULO 55º: A los fines de la aplicación de esta ley el Poder Judicial podrá concretar convenios de colaboración y cooperación con municipios, comunas, juntas de gobierno y organismos del Poder Ejecutivo.

TÍTULO VIII
RÉGIMEN ESPECÍFICO

ARTÍCULO 56º: Capacitaciones permanentes. Las reparticiones y los equipos de cada una de las áreas dedicadas a la atención de la temática de la presente ley se capacitarán periódicamente, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y bajo un régimen específico de periodicidad y revisión. Se deberán desarrollar supervisiones periódicas y/o a requerimiento de los equipos. Se deberá establecer un régimen laboral especial que contemple estos puntos y los que se consideren pertinentes para el cumplimiento de los objetivos.

ARTÍCULO 57º: Desde las áreas competentes, se desarrollarán de manera periódica talleres de sensibilización en temáticas de género y sobre nuevas masculinidades. A tal fin, se podrán realizar convenios con universidades públicas.

TÍTULO IX
DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE ACCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE
SANCIONES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ARTÍCULO 58º: Créase la Comisión Provincial de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, que estará integrada por representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ámbitos universitarios, sindicales, empresariales y las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.

ARTÍCULO 59º: La Comisión desarrollará tareas de asesoramiento, recomendaciones, dictámenes e informes, tanto por iniciativa propia como ante instancia de parte en un proceso o requerimiento judicial. La actividad de la Comisión será siempre orientada a la implementación de la presente ley, conforme la normativa internacional, nacional y
provincial que resulten aplicables a los fines de la erradicación de la violencia por razones de género. La Comisión dependerá del Poder Ejecutivo y sus integrantes cumplirán funciones ad honorem por el plazo y en los términos que fije la reglamentación.

ARTÍCULO 60º: La Magistratura podrá, si los tiempos del proceso así lo permitan, solicitar opinión o dictamen a la Comisión Provincial de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, siendo el mismo no vinculante para al Juez o Jueza

TÍTULO X
DISPOSICIONES PROCESALES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 61º: Son aplicables subsidiariamente a la presente ley las disposiciones del Código Procesal Civil, Código Procesal Penal, Código Procesal Laboral y Ley Procesal de Familia de acuerdo al tipo y modalidad de violencia de género de que trate el proceso.

TÍTULO XI
DEROGACIÓN DE LA LEY Nº 9.198

ARTÍCULO 62º: Derógase la ley Nº 9.198.

TÍTULO XII
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 10.496

ARTÍCULO 63º: Modifícase el artículo 1º de la ley Nº 10.496 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1°. Créase en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos, como ente autárquico descentralizado, el Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las Violencias (CO.PRE.V.). Dependerá directamente del Poder Ejecutivo”

ARTÍCULO 64º: Modifícase el artículo 3º de la ley Nº 10.496 el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 3º.- El Consejo funcionará como una mesa intersectorial, órgano honorario, con especialidad en la materia, conformada por: representantes de cada uno de los Ministerios; representantes de cada una de las Cámaras del Poder Legislativo Provincial; representantes del Poder Judicial; representantes del Ministerio Público de la Defensa;
representantes del Ministerio Público Fiscal; representantes por las entidades sindicales o gremiales del empleo público; representantes de cada Universidad; representantes por cada Colegio de Profesionales afines y representantes por cada organización no gubernamental dedicada a la temática, quienes revistarán la calidad de consejeros y consejeras. Estos consejeros y consejeras desarrollarán sus tareas adhonorem.

ARTÍCULO 65º: Derógase el artículo 4º de la ley Nº 10.496.

ARTÍCULO 66º: Deróganse los incisos d) y e) del artículo 4º de la ley Nº10.496.

TÍTULO XIII
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 9.996

ARTÍCULO 67º: Incorpórase como artículo 17º ter de la ley nº 9.996 el siguiente:

“Artículo 17º ter: En todas las instancias del procedimiento de selección de magistrados y funcionarios se deberá contemplar la formación en géneros del o de la concursante, la perspectiva de género y la formación en abordajes de las violencias por razones de género.”

ARTÍCULO 68º: El Poder Ejecutivo Provincial designará la autoridad de  aplicación según la competencia específica, en la reglamentación de la presente, que deberá ser dictada en el plazo de 90 días de sancionada.

ARTÍCULO 69º: Comuníquese, etc.

FUNDAMENTOS

En 1.979 la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Resolución 34/180 que conforma la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW.

Argentina la suscribió y la aprobó en 1.985 a través de la ley nacional Nº 23.179. Esta convención toma como punto de partida la discriminación estructural e histórica hacia las mujeres, reconociendo y protegiendo derechos y representa un hito en la protección de los mismos. El artículo 1º define la discriminación contra la mujer como “toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o
en cualquier otra esfera”. Aspira a erradicar la discriminación contra la mujer cuando esta supone un menoscabo a los derechos humanos, sea la discriminación directa o indirecta. En su artículo 17º, la CEDAW crea un Comité de Expertos con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la misma. Ante ese Comité los estados partes deben
presentar informes periódicos. Sobre esa base podrá hacer informes y sugerencias. Nuestro país adhirió en el año 2.006 a través de la ley nº 26.171, al Protocolo Facultativo de la CEDAW, adoptado por la Asamblea General en octubre del año 1.999, que es un mecanismo jurídico adjunto a la Convención en torno a su exigibilidad, reconociendo la
competencia del Comité para recibir y considerar denuncias individuales y colectivas de violaciones a los derechos enunciados. A partir del año 1.994, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, pasa a tener rango constitucional, conforme el artículo 75º inciso 22 de la Constitución Nacional, y constituye
ley suprema para los argentinos y argentinas.

Igualmente, el artículo 75º inciso 23 de la carta magna nacional estipula que se debe “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.

La Convención interamericana de Belem do Pará es reseñada da por el organismo encargado de su seguimiento (MESECVI) como “La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, se conoce con el nombre dónde fue dada en 1.994, define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir
una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”. Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y
psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. Fue aprobada por Argentina a través de la ley nacional Nº 24.362.

La ley nacional nº 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales fue sancionada en el año 2.009, una ley completa y necesaria. Tiene por objeto la eliminación de la discriminación entre varones y mujeres, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias, condiciones aptas para prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia hacia las mujeres, el desarrollo de políticas públicas, la remoción de patrones socio culturales que promueven o sostienen desigualdades, el acceso a justicia y la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia de genero. Esta ley vino a traer un nuevo paradigma legislativo protectorio de las mujeres, y su vigencia a lo largo de los años da cuenta de esa mirada. Destacamos en este marco y sobre esta ley, el rol que la misma le da al estado, ya que hasta su sanción el estado no tenía intromisión en este tema por considerarse de índole privada. Al establecer tipos y modalidades que exceden el ámbito doméstico se le otorga otro enfoque a la violencia de género, y al darle un rol preponderante al estado le quita el carácter privado, inclusive, a la violencia doméstica. Rompe con la división entre ámbito público y ámbito privado. En este sentido se la considera superadora de otras leyes, como por ejemplo la de violencia familiar.

Recientemente, el Congreso de la Nación dio sanción a un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, tendiente a la aprobación del Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el mundo del Trabajo – convenio 190-, adoptado por la Conferencia General de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, en la Ciudad de Ginebra – CONFEDERACIÓN SUIZA el 21 de junio de 2019. Según los fundamentos del proyecto, que seguramente será ley del Congreso Nacional, el convenio constituye una expresión unánime de la comunidad internacional contra la violencia de género y el acoso en el mundo del trabajo. Asimismo, se indica con acierto que “La violencia y el acoso laboral provocan serias consecuencias en el trabajador y en la trabajadora, afectando su salud psicofísica; produciendo malestar entre los trabajadores y las trabajadoras, disminución en la productividad, desaprovechamiento de capacidades, pérdidas económicas y desprestigio social e incluso en las sociedades donde se consolida la discriminación se está favoreciendo el descreimiento en las instituciones y en la justicia”. Este Convenio resulta fundamental porque contempla a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales. Se destaca además que la normativa nacional es compatible con el Convenio y el mismo aparece como una herramienta para que no se agranden las brechas en el mundo del trabajo.

Que, en igual sentido, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, en su artículo 3º establece “para los servicios de comunicación audiovisual y los contenidos de sus emisiones, los siguientes objetivos: … m) Promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual”, del mismo modo que el Artículo 81 º dispone: “Los avisos publicitarios no importarán discriminaciones de raza, etnia, género, orientación sexual, ideológicos, socio-económicos o nacionalidad, entre otros; no menoscabarán la dignidad humana, no ofenderán convicciones morales o religiosas, no inducirán a comportamientos perjudiciales para el ambiente o la salud física y moral de los niños, niñas y adolescentes…

La Constitución de Entre Ríos, modificada en el año 2.008, recepta en su artículo 17º el principio de igualdad real de oportunidades y de trato para mujeres y varones en el pleno ejercicio de los derechos. Se establece también que una política de estado prevendrá todo tipo de violencia y que dispondrá acciones positivas para corregir desigualdades de género. En el segundo párrafo manda que “Adopta el principio de equidad de género en todos los órdenes, eliminando de sus políticas públicas cualquier exclusión, segregación o discriminación que se le oponga. Asegura a la mujer la igualdad real de oportunidades para el acceso a los diferentes estamentos y organismos del Estado provincial, municipal y comunal. “y termina “Establece y sostiene la equidad de género en la representación política y partidaria y en la conformación de candidaturas con probabilidad de resultar electas. Promueve el acceso efectivo de la mujer a todos los niveles de participación, representación, decisión y conducción de las organizaciones de la sociedad civil.

Reconoce el valor social del trabajo en el ámbito del hogar”.

Entendemos que este artículo da el marco constitucional adecuado en los tiempos de su sanción, y podemos decir incluso de vanguardia. Dar cuenta de las medidas de acción positiva en el texto constitucional, es de suma relevancia.

Estos tratados internacionales, enunciados aquí los de mayor relevancia en la temática, la Constitución Nacional, las leyes nacionales dictadas en consecuencia, más el texto constitucional entrerriano de 2.008, resultan el punto de partida para el análisis que proponemos. El marco normativo de reconocimiento y protección de los derechos de las
mujeres que es fundamento de esta propuesta.

Entendemos asimismo que las normas legales entrerrianas, más allá de su correlato con aquellos, deben profundizar las medidas, dispositivos y acciones tendientes a la tutela de los derechos de las mujeres.

Formando parte de nuestra legislación provincial encontramos también la ley Nº10.058 de Adhesión a la ley nacional Nº 26.485, con una técnica adoptada por el legislador de adhesión total o completa, que resulta coherente con el carácter de orden público de la norma nacional. La desventaja podría encontrarse tal vez en la adopción uniforme de un procedimiento que a la luz de su aplicación también implica ser revisado, adaptado y normado localmente.

Entonces, creemos oportuno proponer una modificación a la ley Nº 10.058, para avanzar en un esquema exclusivo de procedimientos que resulte superador del actual orden legal. Y esta cuestión está dentro de los límites que tal orden público anuncia en el artículo 1º de la ley Nº 26.485, porque puntualmente indica la excepción para las disposiciones de carácter procesal establecidas en el Capítulo II del Título III.

Frente a la violencia de género contra la mujer aparece por un lado la práctica consuetudinaria de los tribunales locales bajo el esquema de la ley Nº 9.198 que subsume a la violencia contra la mujer dentro de la violencia familiar y por otro el necesario análisis de la nueva legislación que indica que la violencia hacia la mujer debe ser tratada de manera
exclusiva y diferenciarse del paradigma de familia.

La mirada centrada en la mujer se vuelve prioritaria por criterio normativo pero también por la urgencia que acarrean los hechos de violencia contra las mujeres.

Bien vale acá interpelarnos sobre cómo aún las instituciones (o las sociedades) muchas veces no ven ni tratan a la violencia de género como un hecho grave. O cómo los delitos cometidos mediando violencia de género se banalizan o parecen menos graves aunque sean típicos.

Esta iniciativa debe contribuir a dar este debate.

En Entre Ríos, en el año 1.999 se aprobó la ley Nº 9.198, que aborda “aspectos preventivos – asistenciales y el procedimiento judicial a seguir para la atención de situaciones de violencia familiar que se produzcan”, según la propia norma lo indica. Agrega luego que “toda persona que sufriere daño psíquico o físico maltrato o abuso por parte de algún integrante del grupo familiar conviviente podrá denunciar los hechos en forma verbal o escrita por ante el juez con competencia en lo civil o comercial o el Juzgado de Paz más cercano a su lugar de residencia, se entiende por grupo familiar conviviente al formado por aquellas personas unidas por lazos de parentesco sanguíneos o no, aunque provenga de uniones de hecho y que comparen la vivienda en forma temporaria o permanente”. La dominada Ley de Violencia familiar es una norma de hace casi 20 años, y fue reglamentada por decreto1.468 en el año 2009. Si revisamos en términos institucionales tiempos recientes en nuestros país, vemos que hubo del 2.007 en adelante, una época signada por el cambio de paradigma en el plano legislativo que implicó una profusa sanción de leyes que reconocen y amplían derechos, algunas de ellas las reconocemos como las “26.000” por su numeración y que fueron dando cuenta de una realidad dinámica y con avances.

Sólo por mencionar algunas: ley Nº 26.618 de Matrimonio Igualitario, ley Nº 26.743 de Identidad de género, ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, la ley Nº 26.206 de Educación Nacional, la ley Nº 26.657 de Salud Mental y la ley Nº 26.485 de Protección Integral para prevenir sancionar y erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres. Estas leyes, entre otras, vinieron a reconocer derechos, a ampliarlos y promoverlos. Una nueva mirada impregnó el plexo normativo en esos tiempos.

Es por ello que en una necesaria revisión sobre su texto y vigencia a la luz del tiempo trascurrido, que tal vez pueda mensurarse cronológicamente como breve para una ley provincial y con ”solo 20 años” de existencia, pero no son menores los cambios en la realidad y en las relaciones y además en las leyes nacionales.

Aquí es donde se avizora otra dinámica que nos lleva a revisar texto y prácticas, en base a la experiencia de su aplicación y a la armonización plena aún pendiente con leyes posteriores dictadas bajo paradigmas diferentes. Sobre esto, volveremos en un punto siguiente.

En el mes de marzo del año pasado se aprueba en la Legislatura entrerriana la nueva Ley Procesal de Familia Nº 10.668. La normativa entre otras cuestiones incorpora la oralidad y la atención directa de un juez, la celeridad en la resolución de los conflictos judiciales; establece la documentación electrónica de actuación y la formación de un legajo único familiar.

El texto dispone que las resoluciones judiciales “deben redactarse mediante construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico”; mientras que las notificaciones, requerimientos y demás actos procesales “deben utilizar términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a la situación particular de las partes”.

Esta sanción que ponderamos por su valor, regula en sus artículos 266º a 279º (Capitulo XI “Tutela de Protección por Violencia Familiar o contra la Mujer en el ámbito doméstico”), el ámbito de actuación y esta letra conjugada a la luz de la ley Nº 26.485 podría además redefinir los marcos para evitar de ese modo que se deje sin cobertura normativa provincial a muchos casos de violencia contra la mujer.

Regresando entonces a la revisión de la ley Nº 9.198, y si repasamos en detalle cada artículo de la misma, encontramos su correlato en este capítulo de la ley Nº 10.668 ley Procesal de Familia (LPF). Es así que los principios generales se detallan en el primer artículo del código ritual. Que la manda de la ley Nº 9.198 en su artículo 2º, resulta una invitación al trabajo articulado, cuestión que en los últimos años se ha incorporado en las agendas públicas atento a la complejidad de las problemáticas en análisis. Que el nuevo código legisla sobre ámbito de actuación y  organismos para recibir la denuncia en los artículos 266º, 269º y 270º, que indica quiénes están obligados a efectuar la denuncia en el artículo 270º y norma sobre ante quien hacerla en el 272º. Sobre las medidas cautelares, que en el LPF se establece que podrán dictarse aun sin informe, existe una mirada más integral y abarcativa e incluso con un inciso que establece que podrá tomarse “cualquier otra medida que fuera idónea para garantizar la seguridad de la persona damnificada”.

Sobre los artículos 10º y 11º de la ley Nº 9198 están actualmente contemplados en el artículo 275 º del LPF que regula detalladamente sobre la realización de la audiencia.

Sobre el artículo 12 º que indica que antecedentes y documentación se mantendrán en reserva, resulta contemplado en el artículo 1º inciso 10º que regula sobre el acceso limitado al expediente y garantiza la reserva como así también en el artículo 270º in fine sobre la reserva de la identidad de las partes.

Sobre el artículo 13º, es una modificación al Código Procesal Penal vigente en el tiempo de aquella sanción, 1.999, habiéndose promulgado en la provincia un nuevo código en el año 2.007.

Sobre los artículos 14º, 15º, 17º, 18º, 19º, 20º y 21º que establecen respectivamente la autoridad de aplicación, objetivos de un programa, funciones relacionadas con los asistencial y terapéutico, funciones en relación a la prevención, la creación de un registro, las campañas de prevención a proponerse, la capacitación obligatoria de los agentes y las condiciones de las mismas entendemos que además de que el organismo referido ha sido reemplazado a la largo de la vigencia de la ley por otros, sería de apropiada técnica legislativa remitir a la reglamentación para definir autoridad de aplicación. Que en la práctica, se visibiliza a través de ley de ministerios, orgánicas o leyes específicas, e incluso decretos del Poder Ejecutivo, y es correcto que así sea atendiendo a los programas institucionales de cada gestión.

Sobre los artículos 22º y 23º referencian a cuestiones presupuestarias generales.

El artículo 24º es una modificación de la ley Nº 8.490, ley que ha sido derogada por la ley Nº 9.861 sancionada en el año 2.008, dando el marco legal a la Protección de Niños, Adolescentes y la Familia.

Es intención de estos párrafos preguntarnos si ante la sanción del nuevo Código Procesal de Familia en marzo de 2.019, no existe una derogación implícita de la ley Nº 9.198. Si este nuevo orden procesal en materia de familia no implica una derogación completa de aquella, ya que contempla todos los aspectos procedimentales necesarios en un capitulo. Y en cuanto a los demás artículos, hemos analizado uno a uno para concluir su no vigencia o en algunos casos, la necesidad de una regulación diferente.

Habrá que preguntarse también, como a veces la práctica consuetudinaria plantea resistencias a aplicar nuevas regulaciones vigentes.

Por todos estos argumentos, es que proponemos entonces, una ley integral que aborde la prevención y erradicación de la violencia de género, con principios rectores y con una mirada especial a la realidad de nuestra provincia.

Una ley que incluye una declaración de principios integral, teniendo en cuenta la normativa en la que se sustenta, expresando los derechos ya consagrados de las mujeres y la necesidad de su tutela. También se expresan, en la parte general, las perspectivas necesarias para su implementación, es una oportunidad para que la normativa entrerriana incorpore cuestiones inherentes a la interseccionalidad y los modos de abordaje. Partir de lo que somos y nos constituye para poder implementar normas de vanguardia y consecuentes con la realidad.

Una norma que contemple especialmente a los derechos de las mujeres en general y el particular los de los niños, niñas y adolescentes, de las mujeres adultas mayores cuando se produzcan vulneraciones al derecho a vivir una vida libre de violencias.

Una norma que propone la mirada hacia el colectivo LGBTIQ+ para el abordaje de las violencias.

Incluir la mirada hacia la ruralidad, la isla, y la urbanidad en sus distintas expresiones, dan cuenta de la intención de abordar la problemática de manera integral y con sus matices.
Esta propuesta viene a plantear la modificación de la ley Nº 10.058 para poder regular localmente aspectos procesales y jurisdiccionales.

Plantea a través de un Título de “Tutela de Protección por violencia contra la mujer” distintas disposiciones procesales que garantizan el acceso a justicia y la asistencia integral de las mujeres en situación de vulneración de su derecho a vivir una vida libre de violencias.

Dentro de este título, se proponen distintas puntos como los siguientes, que mencionamos a modo ejemplificativo:

Habilitar a que todos los jueces y juezas de Entre Ríos, ante hechos de violencia de género, tomen las denuncias, que se tramiten con carácter urgente y se puedan dictar medidas. Esta medida rige en otras jurisdicciones provinciales y entendemos que ampliará la mirada protectoria. El uso de un lenguaje accesible, al igual que establece el Código Procesal de Familia y un rol activo de la magistratura en todas las etapas del proceso.

Revisar y ampliar las medidas cautelares, creemos necesario dar a los jueces y juezas la posibilidad amplia de dictar medidas de protección, bajo el criterio y evaluación del riesgo que cada situación indique.

Indicar la quita obligatoria del arma reglamentaria.

Regular sobre el incumplimiento de las medidas.

Plantear que se individualicen las causas como urgentes y se plasmen constantemente en un registro.

Actualizar formularios de denuncia y la necesidad de su reconocimiento normativo.

Propone regulaciones procedimentales específicas para cada modalidad o ámbito donde se produzca la violencia contra la mujer.

Plantea además dejar sin efecto la ley Nº 9.198 atento a que ha quedado tácitamente derogada por la ley Nº 10.668 y a que es necesario dar certezas al ordenamiento jurídico.

Propone la modificación del Código Procesal de Familia en algunos de sus artículos.

Se proponen disposiciones especiales para promover la incorporación de las nuevas tecnologías disponibles en cada etapa o instancia del proceso. A modo práctico, ejemplificamos acá, con la manda legal de que las audiencias a las que concurra la víctima, como de primera audiencia sean video grabadas a efectos de conservar pruebas y evitar revictimizaciones.

Se incluye la perspectiva de protección al colectivo LGTBQ +.

Se propone una regulación especial para la efectiva protección del derecho a la salud mental.

Se incluye un régimen específico para los equipos de trabajo, la necesidad de capacitación, supervisión y evaluación periódica, más allá de la normativa vigente en la materia como la Ley Micaela que implica ya un estamento de capacitación universal para la administración pública.

Se introduce una Comisión Provincial de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, que estará integrada por representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres. Realizará tareas de asesoramiento, recomendaciones, dictámenes e informes, tanto por iniciativa propia en función de la labor de la misma, como ante instancia de parte en un proceso o requerimiento judicial.

Se propone la modificación de la ley de creación del Consejo de Prevención de las Violencias COPREV, en atención al nuevo esquema de organización y de reorganización de áreas y de responsables. La creación de la Secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidades en órbita del Ministerio de Desarrollo Social, y la incorporación de diferentes áreas dentro de su competencia, indica una modificación necesaria para el funcionamiento del Consejo como mesa intersectorial y la delimitación de las competencias que se han absorbido por parte de la mencionada Secretaria.

Se propone incorporar a la ley Nº 9.996 del Consejo de la Magistratura un artículo que indica que en todas las instancias del procedimiento de selección de magistrados y funcionarios se deberá contemplar la formación en géneros, la perspectiva de géneros y la formación en el abordaje de las violencias por razones de género. En este sentido, consideramos indispensable la formación en géneros para quienes aspiran y concursan cargos para el desempeño de la magistratura

La preocupación que motiva este proyecto tiene que ver con que en Entre Ríos queremos proteger los derechos de las mujeres, en especial el derecho a vivir una vida libre de violencias. Venimos a presentar una propuesta tendiente a discutir y construir una legislación moderna con dispositivos y organismos organizados y eficientes.

Una primera cuestión que debemos resolver imperiosamente: que hacer frente a la violencia de género para que ninguna mujer en tal situación quede desprotegida por las leyes.

Para ello, la tarea de definir, encuadrar, establecer competencias y funciones debe estar en constante revisión. Para que podamos cubrir desde las instituciones todas las variables que la casuística nos impone. Esta constante revisión no debe suponer falta de certezas, pero si el suficiente sinceramiento de los actores y actoras de cada sistema para no dejar resquicios a la desprotección.

Queremos proponer la discusión de una nueva ley provincial de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres que bajo la estructura de la ley nacional 26.485 recepte aspectos jurisdiccionales y procesales.

Los hechos muestran la necesidad de que todos redoblemos el esfuerzo, que revisemos y mejoremos nuestras prácticas, en especial en estos tiempos de extraordinarias dificultades y el aumento de los casos de violencia contra las mujeres y el aumento de la violencia con que suelen darse. Revisando el marco normativo actual podemos ampliar encuadres para proteger a las mujeres y a las diversidades en situación de riesgo y vulnerabilidad. Frente a estos interrogantes cuyas respuestas pretendemos encontrar en conjunto, nos posicionamos para proponer perfeccionar nuestras instituciones, y también sumamos conclusiones que se imponen por realidades que nos golpean.

Las actuales circunstancias develan el gran componente doméstico de la violencia de género como un rasgo estructural y frente a esta característica muchos dispositivos o acciones han demostrado ineficacia y para los operadores, impotencia. Frente a esta realidad la creatividad deber estar al orden del día, para reinventar soluciones.

Decimos que el patriarcado se reinventa, pues bien, nosotros debemos reinventar las soluciones. Entonces, revisar la normativa y sincerar cada artículo desde la mirada de la eficacia, es el desafío.

Hablamos de deconstruir mandatos culturales que muchas veces son el trasfondo de las situaciones de violencia, ahí va la tarea de visibilizar y promover derechos. En paralelo planteamos la construcción de herramientas y dispositivos que protejan y cuiden.

Es por todos estos fundamentos que remitimos el presente proyecto de ley para su tratamiento.