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La violencia hacia las mujeres por razones de género, en su expresión más cruenta, como la violencia física y su forma extrema como el femicidio, deben ser analizadas de manera constante por la urgencia que requiere fortalecer los mecanismos de prevención, atención, asistencia y protección.

Las cifras en pandemia vinieron a demostrar lo que desde hace décadas observan los feminismos, que es el hecho de que sus propios hogares resultan ser el lugar más peligroso para las mujeres.

Para poder empezar a comprender el fenómeno, es fundamental entender cuál es “la línea que conecta al piropo con el femicidio”, por tomar un ejemplo práctico siguiendo a Rita Segato que plantea que el sistema patriarcal se divide en tres niveles: el nivel de lo simbólico, el nivel de los discursos o representaciones y el nivel de las prácticas. Esto quiere decir que los símbolos influyen en lo que decimos y lo que decimos influye en lo que hacemos y a la vez eso que hacemos y decimos, reproduce y refuerza esos símbolos. Por eso es fundamental la revisión constante de aquello que no es tan visible en materia de violencia, que se presenta como sutil y sin demasiado peso de riesgo. Segato observa que esta dinámica es reproducida y fortalecida a través de las instituciones y la familia es una de las principales, sobre todo si tenemos en cuenta que es nuestro primer espacio de socialización y por esto es tan importante repensar la dinámica familiar y construir permanentemente espacios para re pensarnos y generar nuevos modos de vincularnos.

Las cifras de violencia doméstica y de femicidio demuestran claramente la situación de estos fenómenos en nuestro país. En este espacio presentamos 10 placas de datos estadísticos, en materia de denuncias de violencia por motivos de género y registro de femicidios. Por un lado, se muestran las últimas cifras informadas por la línea nacional 144 y a nivel provincial los resultados parciales de denuncias presentadas por el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia de la Provincia de Entre Ríos – REJUCAV- . En cuanto a las cifras de femicidios presentamos recortes estadísticos del Registro de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2019 y las estadísticas de femicidios del año 2020 presentada por la ONG “Ahora que sí nos ven”. Es decir, tomamos datos del orden nacional y provincial recopilados por organismos públicos y los del Observatorio de la organización de reconocida trayectoria, para inferir algunas conclusiones.

Línea 144: El informe final muestra que durante Marzo del año 2020 la línea recibió 982 llamadas menos que las realizadas en el mismo mes durante el año 2019 (17 % menos), mientras que en el mes de abril con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio ya establecido las llamadas aumentaron un 28 % con respecto al mismo mes en el año anterior, tendencia que se mantuvo hasta julio del 2020. El 90 % de esos llamados corresponden a la modalidad de violencia doméstica. De ese total, el 90 % expresó haber sido víctima de violencia psicológica, el 67 % de violencia física, el 37 % de violencia económica y patrimonial, el 34 % de violencia simbólica y el 13 % de violencia sexual.

El 98 % de las personas que se comunican a la línea, son mujeres y el 63 % de ese total tienen entre 15 y 44 años. En cuanto al agresor el 90 % son varones, en el 44 % de los casos es una ex pareja y en el 39 %, la pareja actual. Esto permite observar el carácter estructural de la violencia, que se ejerce hacia un grupo específico, en este caso las mujeres, por su condición de tales.

Dos temas centrales de análisis por la responsabilidad estatal que remarcan y que en estos últimos tiempos ha tomado especial preponderancia mediática son:
– En el 14 % de los casos denunciados se utilizó un arma de fuego o punzocortante.
– De las 81.677 llamadas recibidas, 2295 de las mujeres que se comunicaron a la línea tenían medidas de protección vigentes.

REJUCAV: en este sentido y como muestra de que las estadísticas nacionales se replican a nivel provincial, de los expedientes ingresados desde el 20/03 al 4/09 del 2020 en Entre Ríos, el 84 % de las denuncias corresponden a violencia doméstica, el 12% a violencia en el ámbito público, el 2% a violencia laboral, el 1% a violencia mediática y otro 1% a violencia institucional.

Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: La Corte Suprema de Justicia Nacional viene desarrollando desde el año 2015 un registro de femicidios. Este registro se caracteriza por contar con una metodología que da cuenta de los distintos niveles de complejidad del fenómeno, permitiendo acceder a una serie de datos de mayor profundidad. Esta metodología incluye la identificación, validación, procesamiento y análisis de las causas judiciales a través del “Protocolo de revisión de expedientes judiciales para la detección de causas a ser incorporadas en la elaboración del Registro Nacional de Femicidios de la República Argentina”. Contempla las siguientes etapas: identificación de las causas, análisis de la información cualitativa, clasificación de sujetos activos y clasificación de las causas judiciales.
Su último informe del 2019 arroja una serie de cifras que nos permiten analizar algunas de las características de esta problemática y sus niveles de complejidad.

En cuanto a lo informado sobre cifras provinciales, fueron asesinadas en Entre Ríos 7 mujeres cis y 1 mujer trans/travesti. Dando un total de 8 femicidios. A esta cifra se le suma 1 femicidio vinculado.

En cuanto a las medidas cautelares, 13 de las víctimas tenían medidas vigentes y 4 tenían medidas vencidas. 43 de las víctimas no habían solicitado medidas. La desprotección de las mujeres aun contando con medidas cautelares, demuestra la urgente necesidad de repensar los mecanismos judiciales de protección. A Su ineficacia se le podría sumar su posible influencia en que las víctimas no lleguen a solicitarlas por considerarlas insuficientes e inclusive puedan generar mayor peligrosidad para ellas por la reacción exacerbada que el victimario podría adoptar al recibir la notificación.
Este tema, cuyo abordaje requiere especialísima atención, ha sido recogido en el proyecto recientemente presentado por el Poder Ejecutivo Provincial para su tratamiento en el Senado, que propone un Nuevo Régimen de Protección, Prevención y Asistencia contra la violencia por razones de género.

En cuanto a los medios empleados, las armas de fuego, las armas blancas y la fuerza física resultan ser los principales medios para la comisión de los femicidios. En este sentido, las cifras muestran dos problemáticas centrales a la hora de rever normativas y políticas públicas para la protección de las mujeres en situación de violencia. Por un lado la falta de control de armas, 48 femicidios fueron realizados con armas de fuego no registradas o con falta de información sobre su registro, lo que también da cuenta de los femicidios asociados a otros delitos conexos. Y por el otro la problemática de los femicidios llevados a cabo con arma reglamentaria, 12 femicidios fueron realizados con armas provistas por el Estado, en estos casos por fuerzas de seguridad.

En lo referido a la situación procesal de los sujetos activos, llaman la atención especialmente ciertas situaciones procesales que derivan por distintas razones en menores casos con condena y por ende la percepción de que a los femicidios los acompañan altos niveles de impunidad. De 266 femicidios, 62 de estos victimarios se encuentran fallecidos, la mayoría a causa de suicidios. Hay tres casos de sobreseimiento, 1 por imputabilidad y 2 sobre los que no se refiere la causa. 15 sujetos en libertad mientras continúa la investigación y dos de estos en etapa de juicio. 13 victimarios sobre los que no se encuentra información sobre su situación procesal, que no están identificados o que se encuentran en estado de rebeldía, lo que pone el acento en las dificultades que el poder judicial encuentra todavía en muchos juzgados a la hora de establecer expedientes que cuenten con la información necesaria para su seguimiento o el directo abandono de las causas que requieren de otro tipo de intervención. 166 sujetos activos se encontraban privados de la libertad a la espera de condena o por estar sus casos en etapa de investigación. Y lo más alarmante de estas cifras es que del total de 266 femicidios, sólo 7 de estos se encuentran privados de la libertad con condena, 4 de estos con una condena que aún no estaba firme en el momento de la elaboración del informe.  

ONG “Ahora que sí nos ven”: Este registro utiliza una metodología muy diferente a la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que ha sido utilizada por otras organizaciones feministas cuando todavía el Estado Nacional no registraba los femicidios. Esta metodología consta de un exhaustivo relevamiento de datos provenientes de medios gráficos y digitales.   

Este registro da cuenta de un total de 298 femicidios durante el año 2020. De estos 267 corresponden a femicidios íntimos de mujeres, 16 a femicidios vinculados de mujeres y niñas y 15 de femicidios vinculados de hombres y niños. En cuanto al vínculo con el agresor sigue la misma línea que la denuncia, siendo en su mayoría su pareja (44 % de los casos) y ex parejas (20,5 % de los casos). 

En la misma línea de peligrosidad y responsabilidad estatal que demuestran las denuncias de violencia, de estos casos 54 mujeres tenían denuncia previa y 19 de ellas tenían medidas cautelares. 

En línea con la peligrosidad del hogar, el 65,1 % de los femicidios ocurrieron en sus hogares. Sin embargo, que el 23,2 % de los femicidios fuera en la vía pública puede invitarnos a pensar los niveles de impunidad que los femicidas consideran tener y hasta donde esa percepción no es el resultado de los reiterados errores e ineficacias en la prevención de los femicidios.

Otro punto central de esta problemática está relacionada a la gravedad de sus ramificaciones: durante el 2020, 256 niños y niñas perdieron a sus madres.

Conclusión

La inseguridad es un tema que desde hace ya unos años resulta de debate central en nuestra sociedad, al punto de ser un tema foco de campaña electoral y de centralidad mediática. Es la inseguridad en el ámbito público la que genera tanto reclamo social, mientras que de forma inversa a esta percepción, para las mujeres el peligro está dentro de sus hogares y son sus conocidos, los hombres con los que mantienen o han mantenido los vínculos más íntimos y personales, las personas mas peligrosas para su supervivencia. Es urgente que como sociedad no naturalicemos esta realidad, debe ser una alarma la forma en la que nos vinculamos, y debe ser más importante nuestro involucramiento comunitario. Por otro lado los Estados y sus operadores/as deben asumir una mayor responsabilidad, lo que hemos hecho si bien es mucho, no ha sido suficiente. Este fenómeno requiere de nuestro mayor esfuerzo creativo, una mayor sensibilidad, una mejor organización de los dispositivos de protección y una constante formación. En este sentido las estadísticas y su análisis resultan ser un importante insumo para profundizar el trabajo reflexivo y evaluar las formas de intervención.
Existen temas centrales que requieren de la revisión en la forma en la que hoy se abordan, las cifras presentadas dejan claro algunos puntos que requieren especial atención para continuar esta tarea. Por un lado la violación de las medidas cautelares por parte del agresor, que provoca en las víctimas el temor de solicitarlas y la sensacion de que no tiene sentido hacerlo, debe ser un punto de inflexión para el poder judicial. Es necesario crear mecanismos de seguimiento eficientes que no dejen en las víctimas la responsabilidad primera de autoprotección, sino que ellas puedan sentir que existe un Estado que las protege, porque es su derecho ser protegidas. En segundo lugar, debe ser un tema de especial preocupación, el hecho de que aún con una gran cantidad de normativa vigente, los femicidios con el arma reglamentaria sigan siendo un elemento que se repita en las estadísticas anuales. Que existan integrantes de las fuerzas que asesinan a su pareja o ex pareja con el arma que el Estado les proveyó para proteger a la sociedad, no puede pasar desapercibido. Y como otro punto central, los niveles de impunidad en torno a este delito nos hace pensar hasta donde no estamos dejándole a los femicidas el mensaje claro de que matar a una mujer no es prioridad para nuestro sistema de justicia. La impunidad en nuestro país empieza por los juzgados que aún hoy ni siquiera registran ciertas muertes como femicidio o que en los registros no cumplen con los requisitos suficientes para generar una investigación que le permita a la justicia la celeridad en la sentencia que el delito amerita.
La generación de datos y su posterior análisis resultan ser una herramienta fundamental de la intervención, sin esto la práctica resulta ser solo reacciones espasmódicas a problemas urgentes. Es materia pendiente aún el mejoramiento de estas herramientas y el trabajo reflexivo constante y cotidiano de los tres poderes.